martes, 23 de julio de 2013

¿Por qué defiendo la memoria de la Constitución de 1812?




La Constitución de Cádiz no era democrática, no pretendía serlo, ni podía serlo, ni según nuestro concepto de democracia ni según el modelo de democracia que aquellos diputados tenían en mente (la Atenas Clásica).
El sufragio universal que postulaba no era tal en la práctica real porque, para empezar, excluía a la mitad del género humano –las mujeres, que sin embargo hicieron presencia en la esfera pública por otras vías-, porque excluía a los sirvientes domésticos y a las castas hispanoamericanas, y porque el método indirecto en cuarto grado filtraba y depuraba la voluntad de aquél amplio número de ciudadanos que sí tenían derecho a voto en primera instancia (junta de parroquia).
Sí, la Constitución recogía la confesionalidad exclusiva de la Nación: la católica. ¿Se podía esperar otra cosa a la altura de 1812 en una España que era heredera para lo bueno y lo malo de una Contrarreforma triunfante en el siglo XVII? Es más ¿se podía esperar por ejemplo que la “avanzada” Inglaterra no fuese anglicana o que con el retorno borbónico al trono de Francia en 1814 no fuese católica la Francia del Cristianísimo Rey? La Ciudadanía revolucionaria no fue incompatible con la religión, el concepto de “ciudadanía católica” (acuñado por Gregorio Alonso) viene como anillo al dedo para comprender a estos revolucionarios de comienzos del XIX que a la par que desamortizaban bienes eclesiásticos abrían las Cortes con un Te Deum.
Sí, era el texto constitucional gaditano era monárquico ¿acaso podía ser republicano? ¿qué república existía entonces más allá de la de los Estados Unidos y la helvética? Pero sin ser republicana estableció una monarquía con tintes republicanos en que un “monarca atado al palo de la ley” era un simple jefe de estado, un “mero delegado ejecutivo”, subordinado al poder del Parlamento. La Constitución de 1812 era ante todo un antídoto contra el despotismo monárquico y ministerial –el recuerdo de Godoy estaba muy presente-.
Y aún con todo lo que señalo, la Constitución de 1812 era la más avanzada de su época en Europa si nos ponemos a comparar –que nunca viene mal-  con las monarquías absolutas de Prusia o Austria, el autoritarismo revolucionario de Napoleón o la limitada monarquía británica. El texto de Cádiz recogía, aunque fuese imposible que lo reconociese por el contexto de guerra contra Francia, muchos de los postulados establecidos por la Constitución de 1791, aquél primer texto de la gran revolución Francesa.  
Soberanía nacional, nación,  pueblo, representación, gobierno de los mejores, voto como derecho, tensión entre el número y la razón… gravitaban en torno a  los debates constitucionales, en el Cádiz liberal de las Cortes o en la Asamblea Cosntituyente de París de dos décadas antes.
¿Qué aportó pues la Constitución de 1812 para ser objeto de admiración? La ruptura, la revolución de las ideas, el cambio de mentalidades, la apertura de un proceso no lineal, no predestinado, que con sus avances y retrocesos alimentó otras ideas, otros cambios, otras perspectivas. La apertura de una esfera pública de participación en al que actuaban individuos que ya no eran súbditos de un rey sino Ciudadanos iguales de una Nación soberana, individuos que disfrutaban de derechos civiles naturales e incluso políticos. Derechos entre los que destacaba el de la libertad de opinión, antídoto contra cualquier despotismo pasado, presente o futuro. La libertad de expresar unas ideas, de pedir cuentas y responsabilidades a los gobernantes, de poder elegirlos y revocarlos, participar al fin y al cabo de los asuntos públicos que habría de “procurar la felicidad de la Nación mediante leyes sabias y justas”, esto es, de aquellos que la integraban.
La legislación doceañista desmanteló un Antiguo Régimen que se había pervertido convirtiéndose en despotismo y creó uno nuevo que pretendía evitar los males de aquél. Pero más allá del articulado del texto constitucional, la impronta de este se vio en las posibilidades, en el horizonte que ofrecía y en el simbolismo que legó. Fue en el periodo del Trienio Liberal (1820-1823) cuando se vio hasta dónde se podía llegar con aquella Constitución en la mano: abría el camino a la parlamentarización, a una expansión mayor de derechos, a un ensanchamiento de las bases del sistema, a una mayor libertad. La Constitución de 1812 escondía un potencial “democratizador” o mejor dicho de liberalismo “radical” que sus autores no percibieron pero sí otros.
Aquello pareció cercenarse con el liberalismo posrevolucionario de los años treinta del siglo XIX, vientos de Europa que hacían abandonar el iusnaturalismo, el orden se imponía a la libertad, la monarquía constitucional a aventuras parlamentarias, y el voto función al voto como derecho. Fue en ese preciso momento, cuando un liberalismo respetable que accedía al poder fue paulatinamente abandonado la Constitución de Cádiz a un simple altar de veneración de glorias pasadas, cuando esa bandera que había lanzado el grito de libertad frente al despotismo extranjero e interno en 1812 y 1820, fue recogida por los incipientes grupos de demorrepublicanos que darían lugar al Partido democrático Español en 1849, al calor del ciclo revolucionario europeo del 48 que enarbolaba la bandera del sufragio universal (masculino) ya directo.
Denostada por absolutistas, liberales moderados, venerada solo como mito pasado por los liberales progresistas, y olvidada en la Restauración… la puntilla la dieron los regeneracionistas y su visión de fracaso de toda la historia anterior de España desde su visión presentista de degeneración nacional. Por si fuera poco, tras 1936, cuarenta años de dictadura contrarrevolucionaria borraron cualquier rastro de memoria liberal y por supuesto la de aquella primera obra de 1812. Para el franquismo la Historia acababa en 1808, ya que el grito de “Dios, Patria y Rey” les sonaba mejor que el de “Nación*, Igualdad y Libertad”.
En la actualidad hay quienes piden peras al olmo y pretenden que la Constitución de 1812 fuera cosas que no podía sencillamente ser y por ello la acusan de reaccionaria poco menos, otros se dicen herederos de sus reformas cuando ellos hacen contrarreformas y atentan contra las más mínimas reglas de un gobierno representativo, otros la utilizan para defender la Constitución actual y que nada cambie… y nadie parece acordarse de lo que me acuerdo yo y que es por lo que defiendo la memoria constitucional de 1812: el potencial revolucionario que tuvo aquél texto, los horizontes de expectativas que abrió, las libertades que trajo, la luz que aportó, el mito del progresismo y la bandera que fue de demócratas y republicanos isabelinos, y el recuerdo de que algunas cosas que se establecieron hace doscientos años parecen que hoy tan apenas se cumplen, como por señalar un ejemplo la muy actual falta de “responsabilidad ministerial”…
Evaristo San Miguel, liberal progresista que se puso a la cabeza de la junta revolucionaria de Zaragoza que en 1836 reinstauró por tercera y última vez aquella Constitución de 1812, escribió “El progreso puede ser más o menos pausado, el retroceso es siempre rápido y violento”. No lo olvidemos en las actuales circunstancias, claramente de retroceso, ya no digo económico, sino en derechos y libertades, aquellos que se empezaron a gestar hace doscientos años, que aunque parezca mentira a estas alturas, peligran.

*Decir “Nación” a comienzos del XIX era un acto revolucionario ya que la Nación Soberana se enfrentaba al Monarca soberano.

sábado, 20 de julio de 2013

Constitución de 1812. Selección de artículos (50 de 384)



Constitución Política de la Monarquía Española
Promulgada en Cádiz á 19 de Marzo de 1812.

Don Fernando Séptimo, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado.

TÍTULO I: De la Nación española y de los españoles

CAPÍTULO I: De la Nación Española
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

CAPÍTULO II: De los españoles
Art. 6. El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos.
Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

TÍTULO II: Del territorio de las Españas, su religión y Gobierno y de los ciudadanos españoles

CAPÍTULO III: Del Gobierno
Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.

CAPÍTULO IV: De los ciudadanos españoles
Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.
Art. 19. Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

TÍTULO III: De las Cortes

CAPÍTULO I: Del modo de formarse las Cortes
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.
Art. 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.
Art. 29. Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido en las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el artículo 21.

CAPÍTULO II: Del nombramiento de diputados de Cortes
Art. 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.

CAPÍTULO III: De las juntas electorales de parroquia
Art. 35. Las Juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares.
Art. 41. La junta parroquial elegirá a pluralidad de votos once compromisarios, para que éstos nombren el elector parroquial.
Art. 45. Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinte y cinco años, vecino y residente en la parroquia.

CAPÍTULO VI: De la celebración de las Cortes
Art. 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a este solo objeto.
Art. 122. En la sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y sólo le acompañarán las personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey, que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las Cortes.
Art. 124. Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey.
Art. 126. Las sesiones de las Cortes serán públicas, y sólo en los casos que exijan podrá celebrarse sesión secreta.

CAPÍTULO VII: De las facultades de las Cortes
Art. 131. Las facultades de las Cortes son:
Primera. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se previene en sus lugares.
Duodécima. Fijar los gastos de la administración pública.
Décimatercia. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.
Décimacuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación.
Décimaquinta. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.
Décimasexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos.
Décimaoctava. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales.
Décimanona. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas.
Vigésimaprima. Promover y fomentar toda especie de industria y remover los obstáculos que la entorpezcan.
Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
Vigésimatercia. Aprobar los reglamentos generales para la Policía y sanidad del reino.
Vigésimacuarta. Proteger la libertad política de la imprenta.
Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás empleados públicos.
  
TÍTULO IV: Del Rey

CAPITULO II. De la sucesión a la Corona
Art. 174. El reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el trono perpetuamente desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán.
Art. 179. El Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina.
Art. 180. A falta del Señor Don Fernando VII de Borbón, sucederán sus descendientes legítimos, así varones como hembras: a falta de éstos sucederán sus hermanos y tíos hermanos de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de éstos por el orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la preferencia de las líneas anteriores a las posteriores.
Art. 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosa por que merezcan perder la corona.

CAPITULO V. De la dotación de la Familia Real
Art. 213. Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a la alta dignidad de su persona.

CAPÍTULO VI. De los Secretarios de Estado y del Despacho
Art. 226. Los secretarios del despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey.
Art. 227. Los secretarios del despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará.
Art. 230. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los secretarios del despacho durante su encargo.
TITULO V DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y CRIMINAL

CAPITULO I. De los tribunales
Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales.
Art. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas jurarán guardar la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.

TITULO VI. DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS PUEBLOS

CAPITULO I. De los ayuntamientos
Art. 312. Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación.
Art. 313. Todos los años en el mes de diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo, para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinado número de electores, que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.
Art. 314. Los electores nombrarán en el mismo mes a pluralidad absoluta de votos el alcalde o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el primero de enero del siguiente año.
Art. 316. El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser elegido para ninguno de ellos, sin que pasen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita.
Art. 317. Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco a lo menos de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos empleados.
Art. 318. No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de nombramiento del Rey, que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.
Art. 321. Estará a cargo de los ayuntamientos:
Primero. La policía de salubridad y comodidad.
Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público.
Tercero. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran.
Cuarto. Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirías a la tesorería respectiva.
Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos que se paguen de los fondos del común.
Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.
Séptimo. Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato.
Octavo. Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la diputación provincial, que las acompañará con su informe.
Noveno. Promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.
  
TITULO VII DE LAS CONTRIBUCIONES

CAPITULO ÚNICO
Art. 338. Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, basta que se publique su derogación o la imposición de otras.
Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.
Art. 340. Las contribuciones serán proporcionales a los gastos que se decreten por las Cortes para el servicio público en todos los ramos.

TITULO IX DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CAPITULO ÚNICO
Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
Art. 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.
Art. 368. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.
Art. 370. Las Cortes por medio de planes y estatutos especiales arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.

Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN Y JURA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN ZARAGOZA, JULIO 1813 -2013




La Constitución de 1812

-          Fue la primera Constitución española (si no se cuenta como tal el llamado Estatuto de Bayona de 1808).
-          Convirtió a los españoles “de ambos hemisferios” de súbditos de un rey a Ciudadanos de una Nación.
-          Estableció la “revolución del voto”: las Cortes (unicamerales), las diputaciones provinciales y los ayuntamientos serían elegidos por todos los ciudadanos españoles mediante sufragio indirecto.
-          Fue un antídoto contra el despotismo y la arbitrariedad: soberanía nacional, derechos individuales, rígida separación de poderes, establecimiento de tribunales de justicia, responsabilidad de los ministros…
-          Tenía como objeto “procurar la felicidad de la Nación”.


Julio de 1813: la Constitución llega a Zaragoza

-          El día 9 las tropas napoleónicas se retiraban de la ciudad, excepto un retén dejado en la Aljafería.
-          El día 20 una procesión cívica (ayuntamiento, jefe político, cabildo, músicos, piquete militar) recorrió las calles zaragozanas hasta llegar a la actual plaza de España –entonces de San Francisco y renombrada como de la Constitución-  donde se leyó públicamente la Constitución.
-          El día 25 las autoridades juraban la Constitución, el ayuntamiento lo hacía en El Pilar y el jefe político, Salvador Campillo, en La Seo.
-          Entre el 1 y el 10 de agosto se celebraron elecciones al primer ayuntamiento constitucional de la ciudad.


La Zaragoza constitucional

-          Zaragoza fue un bastión del liberalismo más avanzado en la primera mitad del XIX sublevándose a favor de la Constitución de 1812 el 5 de marzo de 1820 y el 1 de agosto de 1836. 

jueves, 18 de julio de 2013

Carta Zaragoza Constitucional

Carta publicada en el Heraldo de Aragón 18/7/2013:

El 20 de julio de 1813 era promulgada la Constitución de 1812 en Zaragoza. El lugar elegido para ello fue lo que hoy es plaza España tras una procesión cívica que había transitado la actual calle Don Jaime. Soberanía nacional, estricta división de poderes, la conversión de los españoles de ambos hemisferios de súbditos a Ciudadanos con una serie de Derechos y Libertades, el imperio de la Ley frente a la arbitrariedad, la revolución del voto, la responsabilidad ministerial que obligaba a los ministros a responder ante las Cortes, el fomento de la Educación pública y el objetivo de conseguir la felicidad de la Nación eran algunos de los postulados recogidos por aquél texto constitucional.
El despotismo intentó borrar todo aquello, pero con aquella Constitución se iniciaban doscientos años de avances y retrocesos, de revueltas, revoluciones, pactos, concesiones, reformas y conquistas ciudadanas que irían plasmando en distintos textos constitucionales Derechos de la Ciudadanía. La revolución española no fue menor que otras, España no fue un país peculiar entonces. Hoy, doscientos años después del inicio de aquél proceso es interesante rescatar las palabras de un liberal progresista que en 1836 se puso a la cabeza de la junta revolucionaria de Zaragoza que reinstauró por tercera vez la Constitución de Cádiz: “El progreso puede ser más o menos pausado, el retroceso es siempre rápido y violento”. 









domingo, 7 de julio de 2013

Siete de Julio (de 1822): fiesta (casi) nacional (del liberalismo progresista)

Siete de Julio (de 1822): fiesta (casi) nacional (del liberalismo progresista)


Fortifiquemos nuestro propósito de morir por la patria
antes que volverla a ver esclava

Siguiendo las páginas del periódico El Eco del Comercio* narraré el Episodio del 7 de Julio de 1822. Por tanto va a ser este un texto que sigue una línea clara, la exaltación de aquellos hechos, cual si de un liberal progresista o liberal avanzado o exaltado me tratase. Y es que leyendo lo que en la década posterior (y en adelante) escribieron aquellos, uno queda convencido de que el Siete de Julio bien podría haberse elevado al rango de fiesta nacional al igual que el Catorce de Julio lo es de Francia. Quizás lo pretendieron los progresistas primero, los demo-republicanos después… pero el caso es que no lo consiguieron y el recuerdo de aquellos hechos cayeron en el olvido…por más que un reconocidísimo Don Benito Pérez Galdós titulase 7 de Julio uno de sus célebres Episodios Nacionales
En los primeros meses del año de 1820 la revolución había triunfado en España, se abría una segunda etapa constitucional: el que sería denominado como Trienio Liberal. Fernando VII juró la Constitución del año 1812 y creyeron incautos que en verdad marcharía por la senda constitucional… pero no fue así, conspiraba en el Palacio Real, escribía a la Santa Alianza pidiendo la intervención de las bayonetas extranjeras, animaba sus partidarios del interior a tomar las armas contra misma Libertad de la Nación… Las partidas realistas se alzaron en algunos puntos del país, pero estás no pasaron de ser meras partidas asemejadas a bandoleros…
Entre el 1 y el 2 de julio de 1822 la Guardia Real se declara en franca rebeldía, cuatro batallones se dirigen hacia El Pardo, otros dos quedan en el Palacio Real. El gobierno intenta en los días sucesivos que los sublevados depongan las armas sin éxito… El  memorable 7 de julio a las dos de la mañana las huestes enemigas invaden la capital, se dirigen silenciosamente a la plaza: el quién vive de los centinelas y el disparo de sus fusiles ponen en conmoción a los que en ella estaban acampados, y a las armas, los enemigos acometen, viva la libertad, son las voces que se repiten por todas partes. Así estaban las cosas en la madrugada del siete de julio de 1822, cuando los jenízaros del despotismo atacaron la Plaza Mayor, defendida por la Milicia Nacional.
El estruendo del cañón avisa del peligro, y todos los ciudadanos acuden a sus puestos.  Al rayar este día memorable, Madrid se hallaba convertido en un campo de batalla: las calles estaban sembradas de cadáveres y de pertrechos militares; el estampido del cañón y el ruido de la fusilería mezclados con los ayes lastimeros de los moribundos y las voces de los combatientes presentaban un cuadro triste y horroroso. Fue atacada la Libertad en la plaza misma de Madrid, y defendida con noble heroísmo por sus nobles hijos, por la valiente Milicia Nacional y por los Ciudadanos dignos de este nombre.
Gracias al heroísmo de la Milicia Ciudadana, al pueblo sano y a la guarnición leal de Madrid, fueron dignamente vencidos los que se creían vencedores, y en las calles de la capital quedó humillado como en las provincias el pendón del oscurantismo. Allí vimos al anciano, al casado lleno de hijos, al joven imberbe y las mujeres blandir las armas de la patria con honor y civismo; allí les vimos también ser generosos con el vencido, como habían sido bravos en el combate. Las tropas, la milicia y el pueblo se portaron como debían; nada heroico dejaron que desear; el que no ocultó su pecho a mil bayonetas facciosas, no desdeñó tampoco llevar al hombro y curar a sus rivales heridos.
En la misma tarde se corona la victoria en los campos de Alcorcón. Muy pocas horas habían pasado, y ya los defensores de la esclavitud estaban humillados, salvando únicamente las vidas por la generosidad de los madrileños. ¡Qué honor, qué gloria, qué timbre para los constitucionales! Su heroísmo acaba de dar una prueba práctica de la impotencia de los absolutistas, y una lección a  los déspotas extranjeros.

Vosotros ilustres campeones que perecisteis en defensa de nuestros derechos, recibid las ofrendas de los libres, y estad seguros que viviréis eternamente en nuestra memoria; y vosotros los que nos mostráis honrosas cicatrices adquiridas en aquella sangrienta batalla y los que lleváis en vuestros uniformes la cinta morada que el rey y las cortes os concedieron, recibid nuestra gratitud, continuando siempre siendo el baluarte de la libertad española.”

Soldados, la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.

Serenos, alegres,
valientes, osados,
cantemos, soldados,
el himno a la lid.
Y a nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.

Soldados, la patria (etc.)
Blandamos el hierro
que el tímido esclavo
del fuerte, del bravo
la faz no osa a ver;
sus huestes cual humo
veréis disipadas,
y a nuestras espadas
fugaces correr.

Soldados, la patria (etc.)
¿El mundo vio nunca
más noble osadia?
¿Lució nunca un día
más grande en valor,
que aquel que inflamados
nos vimos del fuego
que excitara en Riego
de Patria el amor?

Soldados, la patria (etc.)
Su voz fue seguida,
su voz fue escuchada,
tuvimos en nada
soldados, morir;
Y osados quisimos
romper la cadena
que de afrenta llena
del bravo el vivir.

Soldados, la patria (etc.)
Rompímosla, amigos,
que el vil que la lleva
insano se atreva
su frente mostrar.
Nosotros ya libres
en hombres tornados
sabremos, soldados,
su audacia humillar.

Soldados, la patria (etc.)
Al arma ya tocan,
las armas tan solo
el crimen, el dolo
sabrán abatir.
Que tiemblen, que tiemblen,
que tiemble el malvado
al ver del soldado
la lanza esgrimir.

Soldados, la patria (etc.)
La trompa guerrera
sus ecos da al viento
horror al sediento,
ya ruge el cañón;
y a Marte sañudo
la audacia provoca,
y el genio invoca
de nuestra nación.

Soldados, la patria (etc.)
Se muestran, volemos,
volemos, soldados:
¿los veis aterrados
su frente bajar?
Volemos, que el libre
por siempre ha sabido
del siervo vendido
la audacia humillar.

Soldados, la patria (etc.)



*Martes 7 de julio de 1835, núm. 433, Jueves 7 de julio de 1836, núm. 799, Domingo 10 de julio de 1836, núm. 802. 

sábado, 6 de julio de 2013

Zaragoza 1813 (2) El primer ayuntamiento constitucional

Zaragoza 1813 (2)  El primer ayuntamiento constitucional
Texto extraído de Zaragoza, municipio constitucional. Un pretexto local para una mirada global de Daniel Aquillué Domínguez



Una vez la ciudad en manos españolas, lo principal era llenar el vacío de poder. En Zaragoza ese vacío de poder de julio de 1813 lo era más bien por confusión de poderes: por un lado los “libertadores”, militares, Durán, Mina, y  Gayán como comandante de la plaza; por otro las autoridades de la anterior administración francesa que se mantuvieron en sus cargos; por otro la Junta Superior de Aragón que había regresado a la capital; y por otro el Jefe Político, Salvador Campillo.
Para solucionar interinamente esto, al menos en lo que se refería al gobierno municipal, se repuso la corporación municipal “patriota” de 1808. Esto significaba una continuidad con el Antiguo Régimen, lo que sin embargo, no obstaculizó el acomodamiento al nuevo marco legal. Éste restituido ayuntamiento estaba compuesto por Rafael Franco de Villaba como corregidor en funciones; los regidores Lorenzo Ibáñez de Aoiz, Joaquín Salvador, Manuel Arias, Joaquín Gómez, Mariano Saldaña, Juan Romeo, Valentín Solanot y Francisco Barbver; y Joaquim de Lasala como secretario.
La restablecida corporación antiguorregimental fue la que organizó sin el menor problema los actos de promulgación y jura de la Constitución.  El día 27 de julio de 1813, junto al Jefe Político, se aprestan a la organización de las elecciones municipales conforme a la Constitución.
Las elecciones eran por sufragio universal masculino indirecto en dos grados. Distribuidos los electores en 16 parroquias que elegían uno o dos vocales, dependiendo de la población. En total 25 electores que habría de elegir en posterior votación al primer ayuntamiento constitucional de Zaragoza, compuesto por: dos alcaldes, doce regidores y dos procuradores síndicos. El proceso electoral se verificó entre el día 1 de y el 10 de agosto de 1813. Los resultados reflejaron el peso de la tradición y las fidelidades locales, adaptándose a un nuevo marco moderno las pautas de comportamiento social antiguas. Los elegidos para esta primera corporación municipal constitucional fueron*:
-        Vicente del Campo, abogado, como alcalde primero.
-         José Broto, abogado, como alcalde 2º.
-      Vicente de Joaquín Almergue, notario y señor de Pradilla; Domingo Estrada, platero; Andrés  Fantoba, señor de Alfocea; Joaquín Gómez, abogado; Pedro Grasa, labrador propietario; Manuel Guimera, labrador propietario; Andrés Gúrpide, comerciante; Julián Hernández, catedrático de Medicina; Valentín Solanot, caballero de la Orden de Carlos III y anterior regidor; José Yarza, arquitecto; Manuel Yrañeta, fabricante de paños; y Miguel Zabaleta, comerciante; como regidores.
-   -        Pedro Berné y Cebrián, abogado; y Miguel Otal, abogado como síndicos procuradores.
    -        Joaquín de Lasala como secretario.
Este ayuntamiento constitucional hubo de enfrentarse a un periodo bélico y posbélico que condicionó todo y produjo no pocas tensiones.  Por una parte qué medidas tomar contra afrancesados y franceses residentes en Zaragoza; por otra cómo hacer frente a los abusos de la soldadesca y a las contribuciones de diferente tipo. Además llevó a cabo actuaciones ordinarias como mandar barrer la ciudad, reactivar el alumbrado o empedrar las calles. Y por último, recibir la visita real de abril de 1814. La incertidumbre y la inseguridad dominaron los años de 1813 y 1814.
A partir del 14 de julio, el Ayuntamiento, siguiendo la legislación de las Cortes,  procedió a la depuración de empleados civiles y eclesiásticos que hubiesen colaborado con los invasores. Según este proceso los empleados debían presentar un informe dando cuenta de su actuación durante la ocupación napoleónica, el cual sería examinado por las nuevas autoridades. Así, entre julio y agosto fueron encarcelados varios personajes como Cristóbal López de Ucenda, Diego de Torres, Luis Gaínza, el alcalde de Villamayor…  Otros, sin embargo, como Sardaña y Romeo o Joaquín Marín, fueron repuestos en sus cargos municipales.
Por su parte, los franceses residentes en Zaragoza también supusieron un problema. El Ayuntamiento tomó una actitud cautelosa respecto a ellos, aplicando el decreto de 8 de abril de 1813 sobre la permanencia de extranjeros. La complicación surgió del vecindario, de la respuesta popular de abierta hostilidad hacia franceses y afrancesados, a los que se hacía responsables de las penurias recientemente pasadas y presentes. Entre octubre y diciembre de 1813 aparecieron numerosos pasquines amenazando tanto a franceses y afrancesados como a las mismísimas autoridades municipales, a las que se responsabilizaba de la permanencia de estos.  El temor a los desórdenes hizo a las autoridades municipales y al propio Jefe Político encarcelar o expulsar a los franceses de la ciudad, verificándose la expulsión el 18 de noviembre de 1813.  

Hoy se notificó a varios franceses residentes en esta ciudad con casa y hacienda propia se dispusieran a salir dentro de 24 horas, bajo pena de quedar prisioneros, en virtud de los pasquines y para evitar cualquier movimiento del pueblo que les pudiese acarrear malas consecuencias, cuya orden comprendió a muchos que por la Constitución no debían salir de España, (…)[1]
Otro de los graves problemas que asoló la ciudad “liberada” fue la presencia de las tropas acantonadas en la misma y las disputas entre sus jefes. Al coronel Gayán, del regimiento de Cariñena, se le distinguió el 11 de julio de 1813, con el título de Teniente de rey de la ciudad, causando profundo malestar en Espoz y Mina, acantonado en el Arrabal. El día 19, Mina decidió por fin trasladarse al sur de la ciudad, acomodándose en la casa de la condesa de Llart, y desparramándose sus fuerzas por todo el casco urbano.
A partir de la toma de la Aljafería, la posible popularidad de Mina y sus soldados se esfumó por sus continuas tropelías. La ciudad sufría las consecuencias de una ocupación, pero del ejército español en este caso. Las quejas de los vecinos al Ayuntamiento no se hicieron esperar, y no crearon en los meses siguientes sino que aumentaron. A pesar de las medidas tomadas por las autoridades municipales, rondas de vigilancia nocturna, escritos  a Mina para que controlase a sus hombres e incluso a la Regencia, se ven incapaces de controlar los robos, saqueos y humillaciones a la que se ve sometido el vecindario.
Por si fuera poco, los soldados de Mina se enfrentan en continuas reyertas a los de Gayán, creando un clima de inseguridad total. La noche del 4 de diciembre de 1813 hay una reyerta en al plaza del Mercado, el 5 atacan la Aljafería, el 3 de febrero las Casas Consistoriales, el 9 se enfrentan en el mercado con los hombres del regimiento de Carmona y los de caballería de Olivenza… El nuevo comandante de la plaza, Santiago Wittingham se muestra también incapaz de controlar a los hombres de Mina. 
La inseguridad es tremenda y causa gran desazón entre los zaragozanos que señalan a las autoridades locales como culpables. La decepción de Zaragoza es tremenda, la liberación en al que habían puestos esperanzas se convierte en  un caos, el pueblo zaragozanos ve como su heroísmo durante los dos gloriosos Sitios y la resistencia durante los 4 años de ocupación no son recompensados.  La necesidad de alojar y mantener a una numerosa tropa, el pago de contribuciones, los robos, la inseguridad, provocan un sentimiento de decepción generalizado. Este clima ayuda a comprender por qué en mayo de 1814 nadie salió en defensa del sistema constitucional, un sistema que no habían percibido por la adversa coyuntura.
En abril de 1814, Fernando VII “el Deseado” visitó Zaragoza, desviándose del itinerario establecido para las Cortes que querían jurase la Constitución. Esta regia visita llenó de júbilo a un pueblo apegado a la tradición y sumido en la desesperación. La Semana Santa, del miércoles 5 al lunes 11 de abril,  de 1814 el rey la pasó en Zaragoza asistiendo a celebraciones religiosas en  la Seo. Le acompañaban en esta visita su hermano D. Carlos, el duque de San Carlos, y José Palafox. Fernando VII partió el lunes de Pascua, camino de Valencia donde en mayo daría fin al primer periodo constitucional de España.




[1] CASAMAYOR, Faustino, Años Políticos e Históricos de las cosas más particulares ocurridas en la Imperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza. 1812 -1813. Estudio introductorio de Carlos Franco de Espés. Edición dirigida por Pedro Rújula, Editorial Comuniter e Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 2008, p. 463.
* Esa información está extraída de MAESTROJUÁN CATALÁN, Francisco Javier, Ciudad de vasallos,  Nación de héroes. Zaragoza 1809-1814, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003.